El Informe final del Proyecto Bien Público Regional (BPR)*, “Mejoras de los Estándares de Seguridad de los vehículos en América Latina y el Caribe a través de la adopción de Reglamentos de Naciones Unidas (ONU) y sistemas de información al consumidor”, liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo, analiza los potenciales efectos en salud pública y el impacto económico en la región como consecuencia de la incorporación de tecnologías de seguridad en vehículos. El reporte comprende la información de los países firmantes del BPR: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Mexico y Uruguay.
El Informe, realiza el análisis de las regulaciones existentes en estos países, genera una propuesta de regulación para una aplicación eficiente y para el proceso de homologación. La segunda parte del estudio, realizada por la Universidad de Chicago, analiza los potenciales impactos en la salud, a partir de la estimación del número de vidas que se salvarían y la carga por discapacidad evitada como consecuencia de la adopción de los reglamentos de seguridad. La tercera parte del estudio elaborada bajo la supervisión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) analiza los impactos económicos en términos de ingresos y empleo, intercambio comercial e implicaciones fiscales en los países de América Latina y el Caribe (ALC), como resultado de la posible adopción de los Reglamentos ONU seleccionados.
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Potenciales impactos en la salud
Las tecnologías de seguridad vehicular evaluadas en este estudio son: Sistema de frenos antibloqueo (ABS en inglés), Control Electrónico de Estabilidad (ESC en inglés), bolsas de aire (airbags) frontales, bolsas de aire laterales, cinturones de seguridad, barras de impacto lateral en las puertas, protectores laterales, apoyacabezas y diseño frontal del vehículo para la protección de los peatones. Las tecnologías analizadas en el Reporte detalladas deben cumplir con los requisitos técnicos que se proponen desde el WP.29 de Naciones Unidas.
En el caso de darse una adopción total de las tecnologías analizadas, se estima una reducción general potencial para los países que comprende el informe de 33,000 (28%) menos fatalidades anuales, y un máximo de 53,400 fatalidades.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que los programas NCAP pueden llevar a los fabricantes a desarrollar diseños que brinden una seguridad que superen los requisitos mínimos de los reglamentos de ONU. Por ejemplo, este análisis demuestra que la región de ALC vería reducciones mucho mayores en el impacto lateral, otras 7,400 muertes, si se utilizaran mecanismos como el NCAP para alentar a los fabricantes a hacer los mejores diseños de vehículos disponibles en la región.
Para el efecto del ESC (incluidos los efectos del ABS) se obtendría como resultado la reducción de entre 10,000 a 37,000 muertes al año, con una estimación general de 22,800 (19%) menos muertes en la región. En lo que atañe al aumento de la disponibilidad de bolsas de aire (airbags) frontales, las cuales son efectivas para complementar a los cinturones de seguridad en impactos frontales, permitiría una reducción de 2,700 a 5,100 muertes anuales, con una estimación general de 4,100 (3.5%) menos fatalidades en la región de ALC considerando la amplia presencia de estos elementos hoy en día. Las bolsas de aire laterales que incluyen protección para la cabeza son la tecnología más importante para mitigar las muertes y lesiones en los casos de impactos laterales, pues la región podría observar de 2,500 a 4,000 menos muertes al año, con una estimación general de 3,300 (3%) menos muertes por la creciente disponibilidad de bolsas de aire laterales.
El diseño frontal del vehículo para la protección de peatones es especialmente importante porque los peatones representan una gran proporción de fatalidades en muchos países. La región de América Latina y el Caribe experimentaría una reducción de entre 4,400 y 7,300 muertes, con una estimación principal de 7,100 (6.0%) menos muertes al año, al aumentar la disponibilidad de vehículos diseñados para la protección de los peatones.
Se debe considerar que decenas de miles de lesionados también se evitarían o mitigarían, pero no fueron cuantificadas en este estudio.
Potenciales impactos económicos
En el escenario más probable, se estima que la implementación de las tecnologías recomendadas en los Reglamentos ONU desarrollados por el WP.29 generaría un crecimiento económico regional del orden del 0.79% del Producto Bruto Interno (PIB), con efectos diferentes para cada país, según las características estructurales y de comercio exterior de cada uno de ellos.
El crecimiento esperado en Argentina sería de aproximadamente 1.04% del PIB. En el mejor escenario el país podría generar un máximo crecimiento de 1.9%, mientras que en un escenario más conservador podría crecer 0.7%. Brasil se espera que crezca un 1.02%, con un mejor escenario de 1.9% y su peor de 0.7%. Colombia podría crecer 0.63% en el escenario base, 1.6% en el mejor y 0.5% en el peor. Ecuador tendría un crecimiento esperado de 0.61%, en el peor de 0.4% y en el mejor caso de 1.3%. México podría crecer 0.5%, un mejor escenario de 1.2% y un peor escenario de 0.4%. Finalmente, Uruguay tendría un crecimiento esperado de 0.59%, un mejor escenario de 1.7% y en el peor caso de 0.4%.
Mientras que es posible que haya sectores más y otros menos beneficiados como consecuencia de la implementación de los Reglamentos ONU, se aprecia que el empleo registraría un crecimiento que varía entre el mínimo del 0.25% para Uruguay y el máximo del 1.05% para el caso de México. Este resultado sugiere que el bienestar de los hogares de los trabajadores no se debería ver afectado en el mediano plazo.
Modificar las preferencias de los consumidores hacia autos más seguros y limpios ayuda a acelerar el proceso de cambio. Los programas de evaluación de vehículos, como Latin NCAP, juegan un rol fundamental en este proceso de cambio de preferencias de los consumidores, haciendo accesible y transparente la información para todos los consumidores.
Sobre regulaciones
Del análisis realizado a los seis países, se ha encontrado que ningún país es firmante (parte contratante) de los Acuerdos de 1958, 1997 o 1998 de la ONU. Algunos países han optado por una aplicación parcial y modificada en combinación con normas nacionales de los Reglamentos de la ONU anexos al Acuerdo de 1958, sin contar con su certificación y controles adecuados. No existe una verificación de la conformidad de la producción, lo que no permite verificar que los vehículos en el mercado cumplen realmente con la regulación exigida. Algunos reglamentos nacionales exigen tecnologías específicas como airbags, ABS o cinturones de tres puntos, pero su desempeño o características técnicas no se detallan.
Alejandro Furas, Secretario General de Latin NCAP dijo:
“El BPR representa el esfuerzo conjunto del BID, gobiernos e instituciones como CEPAL, Universidad de Chicago y Latin NCAP. Es un estudio sin precedentes en nuestra región sobre seguridad vehicular del cual estamos orgullosos de haber formado parte. Es un capital de gran valor para justificar la necesidad y urgencia de impulsar acciones para mejorar la seguridad de los automóviles que circulan en nuestra región. El reporte muestra claramente la necesidad de un accionar combinado de la aplicación de normas ONU debidamente controladas y verificadas a la vez que se hace disponible la información al consumidor como el etiquetado de seguridad de Latin NCAP. Tenemos altos índices de fallecidos peatones y ciclistas los cuales son impactados por automóviles. Debemos mejorar la seguridad de los automóviles para que protejan mejor a quienes van tanto dentro como fuera de ellos”.
