Por Domingo Beas, gerente de Soluciones Compliance de Defontana

“Durante muchos años hemos visto que este tipo de delitos eran sancionados de manera vergonzosa con clases de ética”, afirmó el Presidente de la República, Gabriel Boric, durante la promulgación de la primera parte de la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales el año pasado. Según el mandatario, esto generaba desconfianza en la población, que percibía una sensación de injusticia y trato especial hacia quienes cometían actos ilícitos de “cuello y corbata”, aun cuando se tratara de fraudes millonarios.

El nuevo cuerpo legal, cuya segunda parte fue promulgada este mes, establece penas más significativas y define cerca de 250 nuevos delitos. Estas penas afectan tanto a personas naturales como jurídicas, incluyendo a toda la cadena de valor de estas últimas: desde el directorio, colaboradores, hasta proveedores y prestadores de servicios externos. Este marco legal no solo busca prevenir delitos económicos en entidades privadas y públicas, sino también evitar pérdidas económicas considerables. Además, la contabilidad se convierte en un área crítica, en la que no se puede permitir ningún descuido.

Paralelamente, la Ley Karin, que sanciona el acoso y la violencia laboral, ha acelerado el desarrollo del compliance en Chile. Este concepto, que lleva tiempo preocupando a las empresas a nivel mundial, se refiere a los procedimientos y prácticas que adoptan las firmas para detectar riesgos legales, estableciendo mecanismos de prevención y control para evitarlos o corregirlos. Mantener un sistema de compliance robusto es ahora esencial, ya que puede servir como atenuante en caso de enfrentar procesos legales, y es aplicable tanto a grandes empresas como a pequeñas, incluso si sus sistemas legales o contables están externalizados.

El cumplimiento de cada normativa no será tarea fácil, debido a múltiples factores como el desconocimiento, la mala práctica de priorizar la rentabilidad sobre la legalidad, y la falta de comunicación entre los colaboradores. Por esta razón, es recomendable que las empresas busquen asesoría especializada y adopten la tecnología adecuada. De esta forma, podrán minimizar riesgos legales y enfocarse con mayor energía en su gestión.

En un entorno de creciente rigor legal, el compliance se presenta no solo como una herramienta de protección contra sanciones, sino como una oportunidad para fortalecer la confianza y reputación de las empresas en el mercado, asegurando su sostenibilidad a largo plazo.