El inmueble ubicado en Avenida Santa María era utilizado para guardar cajetillas de contrabando. Luego eran comercializadas en un puesto autorizado de la calle José Antonio Salinas.
El operativo realizado por la PDI tras una denuncia anónima concluyó con un ciudadano chileno detenido y 1.470 cajetillas incautadas.
Santiago, 2025. El contrabando de cigarrillos es un fenómeno delictual que provoca pérdidas fiscales multimillonarias para el Estado. Esto, por evasión fiscal.
En esta línea, un operativo de PDI realizado este martes gracias a una denuncia anónima, logró la detención de Miguel Antonio Valenzuela Campos. Se trata de ciudadano chileno que pertenecía a un grupo familiar dedicado a la venta de cigarrillos de contrabando.
El operativo consistió en el allanamiento de un inmueble ubicado en Avenida Santa María. Allí, se logró la incautación de 1.740 cajetillas de contrabando.
La empresa ALTO Chile, con experiencia en el combate de delitos aduaneros, mantenía información sobre este grupo criminal.
Además, Fuenzalida agregó. “Ya habíamos identificado que la operación se manejaba por un matrimonio. Donde Miguel Antonio Valenzuela Campos se encargaba del transporte desde el inmueble hasta el punto de venta. Su esposa dirigía la comercialización en el toldo azul”.
El especialista también señala la existencia de una tercera persona involucrada en la red. Ésta, estaba dedicada al transporte de cajetillas de contrabando. Era contactada directamente por la esposa de Campos desde el punto de venta. Así trasladaba hasta un máximo de 10 cartones. Cuando las entregas eran mayores, era Valenzuela quien realizaba las entregas personalmente.
“Uno de los temas más graves en este caso, es que, además del delito de contrabando, este puesto cuenta con permisos municipales de funcionamiento. Así estableció una lógica criminal a costas del municipio de Rancagua”, agrega Fuenzalida.
Tras el operativo, Valenzuela Campos, que cuenta con antecedentes penales por delitos aduaneros de contrabando, pasó a control de detención. En esa instancia, el Ministerio Público determinó las medidas cautelares de arraigo nacional. Además de un plazo de 60 días para la investigación.
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