Por Cristina Fritz, cofundadora de la Enterprise Technology, Digital Exp.
La inminente entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales no es un ajuste menor. Ni un trámite administrativo más. Es un cambio estructural que obligará a las empresas a desembolsar millones en tecnología.
Rediseño de procesos y fortalecimiento de sus estructuras internas. Con inversiones que pueden partir en $30 millones para firmas medianas y superar los $100 millones en grandes corporaciones. El cumplimiento deja de ser opcional y se transforma en una exigencia estratégica ineludible.
No estamos frente a una simple actualización normativa. Estamos ante una redefinición profunda de cómo las organizaciones gestionan uno de sus activos más críticos. Los datos.
La ley eleva el estándar de trazabilidad, proporcionalidad y responsabilidad. Y lo hace en un contexto donde la fiscalización será más rigurosa y las sanciones más severas. Pretender abordar este desafío con soluciones parciales o improvisadas sería, derechamente, una irresponsabilidad.
El principio de privacy by design ya no es un concepto aspiracional. Es una obligación concreta que exige repensar sistemas desde su origen.
Esto implica limitar la recolección de datos a lo estrictamente necesario, justificar cada flujo. Y asegurar que la privacidad sea el estándar por defecto. No se trata de ajustar un formulario o actualizar una política de privacidad. Se trata de transformar la arquitectura tecnológica y la cultura organizacional.
El desafío se vuelve aún más complejo en empresas con ecosistemas digitales fragmentados. Múltiples proveedores y operaciones en la nube. La dispersión de datos, habitual en procesos de crecimiento acelerado o fusiones. Incrementa la exposición al riesgo regulatorio.
Sin una gobernanza sólida y visibilidad centralizada, el cumplimiento será frágil y las consecuencias, potencialmente costosas.
Además, la ley fortalece los derechos de los titulares y establece plazos estrictos para responder solicitudes. En organizaciones con grandes volúmenes de información, la gestión manual es simplemente inviable. La automatización ya no es una mejora deseable; es una necesidad operativa. Lo mismo ocurre con la ciberseguridad: no basta con declarar buenas intenciones, hay que demostrar monitoreo activo, capacidad de detección temprana y respuesta efectiva ante incidentes.
Este nuevo escenario tensiona especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que deberán destinar recursos significativos en un entorno económico exigente. Sin embargo, ignorar o postergar la adecuación no es una alternativa realista. El costo de la inacción —en sanciones, pérdida de reputación o interrupción operativa— puede ser muy superior a la inversión inicial.
Chile avanza hacia estándares internacionales más estrictos, y eso tiene implicancias competitivas. En una economía digital donde la confianza es un activo determinante, la protección de datos deja de ser un elemento accesorio y se convierte en una condición básica para hacer negocios. Las compañías que comprendan esta realidad y actúen con anticipación no solo reducirán riesgos, sino que fortalecerán su posición en el mercado.
La nueva Ley de Protección de Datos no admite medias tintas. Exige liderazgo, decisión y recursos. La pregunta ya no es si las empresas pueden permitirse invertir millones para cumplir; la verdadera pregunta es si pueden permitirse no hacerlo.
