Con temporadas de incendios cada vez más extensas y condiciones climáticas que podrían favorecer la propagación del fuego durante el verano, la organización advirtió que el Estado, los gobiernos locales y las industrias deben reforzar desde ahora las medidas preventivas. La esperada Ley de Incendios, en tanto, llegará demasiado tarde para proteger a las familias esta temporada.
Noviembre 2026. Chile se prepara para enfrentar una nueva temporada de incendios forestales en un escenario preocupante. Los pronósticos asociados al fenómeno de El Niño anticipan condiciones que podrían elevar el riesgo de propagación del fuego, especialmente en la zona central. Las estadísticas de las últimas décadas muestran que los grandes incendios están aumentando tanto en frecuencia como en extensión.
Según un análisis de datos de CONAF realizado por Greenpeace, la cantidad de incendios forestales aumentó un 9% al comparar las últimas dos décadas. En el mismo período, la superficie afectada creció un 159%. La diferencia es todavía más pronunciada en los incendios de magnitud, aquellos que superan las 200 hectáreas. Su superficie afectada aumentó un 214%. De hecho, durante la última década, apenas el 0,4% de los incendios concentró el 70% de las hectáreas quemadas.
Francisco de la Barrera, director del Centro de Ciencias Ambientales (EULA) de la Universidad de Concepción e investigador de Cedeus, explica que la temporada de incendios se ha extendido considerablemente durante los últimos 10 a 15 años.
El académico advierte que el riesgo también está determinado por la configuración del paisaje. En el sur, las plantaciones forestales, especialmente aquellas sin un manejo adecuado, favorecen la continuidad del combustible. En la zona central, el abandono de terrenos rurales ha contribuido a la acumulación de vegetación. Respecto de El Niño, señala que las olas de calor podrían aumentar el peligro durante el verano. Sin embargo, enfatiza que las condiciones climáticas favorables para la propagación no necesariamente se traducen en megaincendios.
De la Barrera asegura que las personas son el principal factor de inicio del incendio (o de ignición). Sin embargo, es la configuración del paisaje la gran responsable de la mayor propagación de incendios: “Hay un cambio importante en la configuración del paisaje y en cómo ese paisaje interactúa con las condiciones climáticas. Y eso es lo que hace más favorable la ocurrencia de grandes incendios forestales, muy grandes, debido al incremento en las variables que llevan a la propagación rápida”, expresa.
Para Greenpeace, estos antecedentes obligan a actuar desde ahora. A su juicio, las empresas forestales y agrícolas deben reforzar el manejo de combustible, mantener sus predios y reducir los riesgos asociados a sus operaciones. Los municipios y gobiernos locales deben priorizar la limpieza de áreas críticas, la identificación de sectores vulnerables, la fiscalización de actividades riesgosas y la preparación de las comunidades.
Por eso, la prevención no puede limitarse a campañas de concientización ni depender exclusivamente de la capacidad de combate. Necesitamos que el Ejecutivo, los gobiernos locales y las industrias asuman sus responsabilidades. Antes de que el fuego amenace nuevamente a las comunidades”, manifiesta Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace.
De la Barrera coincide en que el manejo de la vegetación resulta especialmente urgente en las zonas donde conviven viviendas y superficies forestales. Según explica, para reducir los riesgos no basta con considerar cortafuegos estrechos. Se requiere intervenir áreas más amplias para reducir el combustible disponible. A la vez, es fundamental una planificación territorial que indique qué esperamos en términos de densidad de vegetación y de combustible. Esto es especialmente importante en lugares que tienen uso productivo, como los terrenos forestales.
“Que Chile enfrente otro verano de alto riesgo sin contar con esta ley es un fracaso del Congreso, pero también del Ejecutivo. Desde que asumió en marzo, no le otorgó la prioridad ni la urgencia que esta discusión requería. Sobre todo, sabiendo de los riesgos que este año y la presencia de El Niño implica para los territorios.
Las familias no pueden seguir esperando mientras se acumulan las condiciones para una nueva tragedia. Los desastres socioambientales que hemos vivido en los últimos años nos han demostrado las consecuencias de actuar demasiado tarde. Pero también nos dejan aprendizajes que hoy tenemos la oportunidad de transformar.
En medidas concretas de prevención”, puntualiza Espinosa, y agrega. “Vamos tarde, pero eso no puede ser una excusa para la inacción. La ley debe aprobarse cuanto antes. Y, mientras tanto, tenemos la responsabilidad de utilizar todas las herramientas disponibles para proteger a las comunidades”.
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