En 2005 Chile vivió una de las transformaciones judiciales más relevantes de su historia reciente:
La instauración de los tribunales de familia.
La promesa era ambiciosa y necesaria; se abandonaban los procesos escriturados y extensos -heredados de la justicia de menores- para dar paso a procedimientos orales. Más concentrados y en teoría más acordes al debido proceso.
Todo ello bajo principios rectores como el interés superior del niño, la oralidad, la inmediatez y la desformalización.
La expectativa era alta. Sin embargo, dos décadas después, la distancia entre la norma y la realidad es evidente.
Lo que parecía un avance ineludible hacia una justicia más ágil y cercana a las personas, se transformó en un proceso que muchas veces se volvió lento, incierto y, en no pocos casos, hostil para quienes litigan.
Los operadores del sistema -jueces, abogados y funcionarios- enfrentaron una reforma para la cual no siempre hubo preparación ni capacitación suficientes.
El resultado visible son audiencias donde la contraparte a veces parece ser el propio tribunal, resoluciones que más que responder a argumentos jurídicos.
Buscan acallar al litigante y una estructura institucional que no logra consolidarse. Aún no es garante efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA).
El camino ha estado lleno de ajustes forzados. La creación del Servicio Mejor Niñez, la incorporación de curadores ad litem y el intento de dotar de representación jurídica a los NNA, son ejemplos de respuestas más reactivas que planificadas.
La Ley establecía que esos curadores debían ser abogados que velaran por los intereses de los niños en contextos de vulnerabilidad. Lo cierto es que en la práctica se ha optado por profesionales de la abogacía que muchas veces no cuentan con la formación especializada requerida. Esto debilita la capacidad de protección que el sistema prometía.
Hoy ya no escuchamos en los debates políticos referencias al extinto SENAME ni grandes anuncios en materia de justicia de familia.
Pero a 20 años de la reforma. Cierto es que el sistema sigue en deuda con quienes deberían estar en el centro de su accionar. Los niños, niñas y adolescentes.
La justicia de familia no puede resignarse a ser un tribunal que administra conflictos. Debe comprender del todo su rol de garante de derechos.
Es tiempo de una segunda mirada, de una revisión profunda que combine formación especializada, recursos adecuados y voluntad política.
De lo contrario, la reforma de 2005 quedará como una promesa incumplida. Peor aún, como un recordatorio de que los NNA siguen siendo grandes invisibles en nuestro país.
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