Por Cristian Muñoz, Socio fundador de Muñoz Abogados & Cia.
La reciente liberación del sicario involucrado en el denominado caso Meiggs, quien tras ser dejado en libertad por un aparente error administrativo ahora cuenta con una orden de captura internacional, pone en evidencia una verdad incómoda: nuestro sistema penal es más frágil y permeable de lo que quisiéramos admitir, especialmente frente al avance del crimen organizado.
Más allá de los dimes y diretes entre los diversos estamentos que se vieron – de una u otra manera- involucrados en la liberación, el resultado fue que un sujeto imputado por homicidio, presunto integrante de una organización criminal, volvió a la calle. Lo grave no es solo la fuga, lo verdaderamente alarmante es que este hecho no parece un caso aislado.
Desde el punto de vista jurídico, este episodio nos obliga a examinar cómo nuestras instituciones -Poder Judicial, Gendarmería, Fiscalía- se están enfrentando a una criminalidad que ya no opera bajo las reglas tradicionales del delito común.
El crimen organizado, especialmente en su versión más violenta como los sicariatos, funciona con lógicas empresariales, grandes recursos y conexiones a escala nacional e internacional. Y frente a eso, nuestro sistema penal sigue anclado en una burocracia que muchas veces privilegia el trámite por sobre el fondo, la forma por sobre la función.
No deja de impresionar que estos casos sean mejor tratados desde el punto de vista mediático que desde punto de vista jurídico, pues al parecer los periodistas investigan de manera más prolija que los propios órganos constitucionales creados para ello, este simple detalle pone en tela de juicio al sistema democrático acusatorio y cuestiona a la base su legitimidad.
Podríamos limitar la discusión al error puntual, pero eso sería quedarnos en la superficie del que hoy es un problema enraizado estructuralmente en Chile.
Este caso también expone las grietas en la comunicación institucional, la falta de trazabilidad en las decisiones judiciales y, sobre todo, la débil integración de inteligencia penal entre actores del sistema.
¿Cómo es posible que no existiera una alerta o control cruzado para evitar la liberación de un individuo de tan alta peligrosidad?, ¿Qué protocolos fallaron?, ¿O acaso nunca existieron?
La permeabilidad de nuestro sistema no sólo se manifiesta en la posibilidad de fugas o errores administrativos. También se expresa en la forma en que las bandas logran infiltrar territorios, corromper funcionarios o manipular procesos a su favor.
Cuando un imputado por homicidio calificado puede salir caminando de la cárcel por una confusión formal, no sólo se vulnera la seguridad pública: Se socava la credibilidad del Estado de Derecho.
Hoy más que nunca necesitamos una reforma profunda en la gestión del sistema procesal penal. No se trata tan sólo de endurecer penas, sino de fortalecer los controles internos, profesionalizar la gestión carcelaria, modernizar los sistemas de información y asegurar una comunicación efectiva entre jueces, fiscales y organismos penitenciarios.
También urge una mejor protección y fiscalización de los funcionarios que enfrentan presiones cada vez más peligrosas.
Lo sucedido con el sicario del caso Meiggs es un llamado de alerta. Pero no basta con indignarse: se requiere una voluntad política real y sostenida para cerrar las brechas que el crimen organizado sabe aprovechar. Porque si no actuamos a tiempo, no solo perderemos el control de nuestras cárceles, sino también de nuestras calles.
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